Una agencia de investigación mercantil, con ámbito de actuación en toda Galicia, ha sido sancionada con 30.000 euros por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita al Ministerio del Interior.

¿Razones? Haber hecho un seguimiento de actos y conductas de un ciudadano ourensano en 2006 y 2007. Es decir, por asumir funciones para las que única y exclusivamente, según la normativa, están habilitados los detectives privados. La agencia había sido contratada por una mutua para hacer el seguimiento.